La Ley 27.742, denominada Ley de Bases, ha reformado profundamente el derecho laboral argentino, con un énfasis en la flexibilización de las relaciones laborales. 

Entre los cambios más relevantes se encuentra la derogación de diversas sanciones e indemnizaciones agravadas que, hasta su entrada en vigor, buscaban garantizar derechos de los trabajadores y corregir prácticas deficientes en la registración laboral.

Mediante el siguiente análisis, será analizada la aplicación de esta norma en el tiempo, identificando las implicancias para empleadores que enfrentan conflictos laborales, ya sea en relaciones de dependencia nacidas antes y después de la sanción de la Ley.

Vigencia y principio de aplicación temporal

El artículo 237 de la Ley establece su vigencia inmediata desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial , es decir el 9 de julio de 2024. Esto implica que, desde esa fecha, las disposiciones establecidas derogaron normas anteriores, salvo excepciones expresamente previstas. 

Asimismo, cabe recordar que el Código Civil y Comercial, en su artículo 7, regula la aplicación temporal de las Leyes, estableciendo:

• Irretroactividad como regla general: Las Leyes no afectan derechos adquiridos bajo normativas anteriores.
• Efecto inmediato para relaciones actuales: La normativa nueva se aplica a situaciones jurídicas en curso.
• Excepción de retroactividad limitada: Solo en casos donde la nueva Ley sea explícita y no afecte derechos constitucionales.

Escenarios prácticos de aplicación

1. Relaciones nacidas bajo la Ley nueva: Se rigen plenamente por la Ley 27.742.
2. Relaciones extinguidas antes de su vigencia: Las indemnizaciones y derechos ya consolidados no se ven afectados.
3. Relaciones iniciadas antes de la Ley y en curso: Este punto es el más controvertido, ya que algunos tribunales aplican retroactivamente la Ley para excluir indemnizaciones agravadas, mientras otros sostienen la irretroactividad.

Derogación de indemnizaciones agravadas

La reforma eliminó múltiples disposiciones que contemplaban sanciones e indemnizaciones agravadas, como:

• Ley 24.013 (artículos 8 a 17 y 120.a): Multas por registración deficiente.
• Ley 25.013 (artículo 9): Sanciones por incumplimiento en la entrega de certificados.
• Ley 25.323: Agravamiento indemnizatorio por despido incausado sin pago oportuno.

Estos cambios han reducido significativamente las consecuencias económicas en caso de verificarse conductas vinculadas con la falta de registración o registración deficiente. Sin embargo, hasta el momento se ha observado una fuerte respuesta en los tribunales laborales de todo el país, debido a la protección que estas indemnizaciones derogadas ofrecían a los trabajadores.

Posturas jurisprudenciales

1. Retroactividad y carácter punitivo de las indemnizaciones:
   Algunos fallos consideran que estas sanciones tienen una naturaleza penal y, por lo tanto, deben ser analizadas bajo el principio de la Ley más benigna. Por ejemplo:
   • En fallos Alves[1] (Misiones) y Lucero[2] (San Luis), se rechazaron reclamos basados en Leyes derogadas, argumentando que la indemnización punitiva no puede aplicarse si la norma ya no está vigente.
   • Esta postura interpreta las multas laborales como herramientas de prevención fiscal o sanciones administrativas.
2. Irretroactividad y protección de derechos adquiridos:
   • Fallos como Moni c/ Ruiz[3] (Cámara Nacional del Trabajo) sostienen que las indemnizaciones laborales no son penales sino civiles, destinadas a proteger derechos patrimoniales del trabajador. La aplicación retroactiva vulneraría principios constitucionales como el de seguridad jurídica y propiedad.
   • Este enfoque resalta que los derechos derivados de relaciones extinguidas antes de la reforma ya se encuentran consolidados y no pueden ser modificados.
3. Ultractividad de normas derogadas:
   • En casos como Tarchini[4] (Córdoba), se ha defendido que las sentencias laborales reconocen derechos preexistentes y no constituyen nuevos derechos. Por lo tanto, las indemnizaciones generadas bajo la normativa anterior permanecen válidas, incluso tras la entrada en vigor de la Ley 27.742.

Implicancias para empleadores

La reforma plantea desafíos importantes para los empleadores:

• Reducción de riesgos legales: La eliminación de indemnizaciones agravadas disminuye las sanciones por incumplimientos, pero la interpretación judicial sigue siendo incierta frente a la amplitud interpretativa de los tribunales laborales de todo el país.
• Seguridad jurídica limitada: Las posturas divergentes entre tribunales aumentan la posibilidad de litigios prolongados y resultados impredecibles, donde la parte trabajadora de puede mostrar reticente a  negociar un acuerdo.

Reflexión final

La Ley 27.742 marca un punto de inflexión en el derecho laboral argentino, reduciendo sanciones laborales para los empleadores, pero generando incertidumbre sobre la protección de derechos laborales. 

Por ello es que la aplicación de la normativa debe resguardar en todo momento la seguridad jurídica de las partes, garantizando que los cambios sean claros y certeros en cuanto al tiempo y procedencia de su aplicación.

De tal modo, se presente para los empleadores el desafío de adaptarse a esta transición normativa, asegurando prácticas laborales conformes a la Ley mientras gestionan los riesgos legales inherentes a interpretaciones judiciales diversas, circunstancia de cambio e incertidumbre a las cuales el marco normativo del derecho laboral argentino nos tiene lamentablemente acostumbrados.

Por Mauricio Baldassarre.

[1] Alves Ramón Alejandro c/ Bernardini Juan Manuel s/Laboral - Juz. CC y Lab Puerto Iguazú

Misiones - 01/08/2024.-

[2] Lucero Romina Natalia c/ Distribuidora Mitre SRL s/ Cobro de Pesos - Juzgado Laboral N° 1 - Villa Mercedes - San Luis - 13/08/2024

[3] Moni Bauducco, Antonela c/. Ruiz Esquide Canale s/. Despido - CNTrab. Sala VIII -

09/09/2024.-

[4] Tarchini Silvana Alejandra s/ Red de Asistencia Global SRL y Otros s/ Ordinario - Cámara del Trabajo de Córdoba- 09/08/2024